En este trabajo se realiza una breve reflexión acerca del castigo en contextos en los que no es posible garantizar la efectividad del sistema jurídico. El cumplimiento de las normas jurídicas implica renunciar a la satisfacción de ciertos intereses, pero esa renuncia ha de tener lugar en el marco de una práctica en la que confiemos en que otros individuos también lo harán, evitándose así conflictos y favoreciéndose la cooperación entre los miembros de la sociedad. El castigo, en este sentido, constituye una técnica de motivación para que, aquellos que no deseen sufrirlo, actúen en conformidad con las normas, así como un respaldo para las víctimas que han sufrido un daño indebido. El castigo es una institución abierta a la discusión moral por los males involucrados en ella y, por tanto, requiere de una fundamentación. Una adecuada fundamentación exige tener en cuenta las consecuencias de la institución y esto, obviamente, presupone que, de hecho, se castiga cuando se dan las condiciones exigidas por la normativa penal. Castigar cuando es jurídicamente debido sería la forma de prevenir la impunidad, pero también de evitar el castigo de inocentes. Impunidad de los actos delictivos y falta de inmunidad ante el castigo en caso de ser inocente serían así los ejes negativos que caracterizarían al castigo en un contexto anómico.