La obligación estatal de brindar seguridad a los gobernados resulta pieza toral dentro de los postulados de un Estado Democrático de Derecho, el cual debe atender a un respeto irrestricto de los derechos fundamentales de quienes deben ser su principal objeto de resguardo, ello implica el diseño de una política criminal alineada a estándares garantistas adoptados a través de las reformas constitucionales del 2008 y 2011. Asimismo, las autoridades legitimadas para participar en funciones de seguridad pública deben ser quienes, para tal efecto, posean por imperio de ley facultades para intervenir operativamente, pues participar de facto ocasionaría vulneraciones al plano normativo y a la esfera jurídica de los gobernados.