La gestión del agua tiene un papel importante para la mitigación de la pobreza en los países en vías de desarrollo, y por lo tanto exige la atención de los responsables políticos, los administradores de recursos y los gobiernos. Es necesaria la existencia de marcos normativos y legislativos adecuados para apoyar el cambio de comportamiento y fomentar la sostenibilidad del recurso. Un requisito esencial para orientar adecuadamente todo este proceso es la existencia de indicadores fiables y objetivos. Uno de los indicadores más relevantes que propone la literatura es el Water Poverty Index (WPI), propuesto por Sullivan et al. (2003). En esencia, el WPI pretende evaluar de manera integrada el grado de estrés hídrico y escasez. Como principal novedad, este trabajo incorpora relaciones de causalidad (causa – efecto) para poder evaluar, más allá de la situación presente (estado), las presiones existentes sobre el sistema y las respuestas institucionales por parte de la sociedad civil e instituciones. Este segundo enfoque proporciona a las partes interesadas y a los actores sectoriales una herramienta valiosa para ver las interconexiones entre los parámetros de presión – estado - respuesta. En este sentido, este trabajo se fundamenta en el marco conceptual propuesto por Giné (2008), y que ya se ha aplicado a escala local en el valle de Tiraque, Bolivia (Piulats, 2009). El presente informe desarrolla la aplicación de esta metodología a nivel de cuenca, por ser ésta la unidad básica de gestión de los recursos hídricos. El trabajo de campo ha consistido en identificar y recopilar toda la información disponible relacionada con el sector del agua. A posteriori se ha validado (en base a diferentes criterios) el conjunto de información recopilada, para terminar proponiendo una batería de indicadores contextualizados en el marco conceptual de la herramienta, el Índice WPI-PSR. Tal y como se ha comentado, esta herramienta parte de un marco conceptual basado en el uso del WPI para categorizar las distintas problemáticas que afectan al sector del agua, y complementado con la integración de las relaciones de causalidad que nos proporciona el modelo de Presión – Estado – Respuesta (PSR) (OCDE, 1993).