Un examen político criminal de las normas que han regulado el delito de violencia intrafamiliar en Colombia permite distinguir entre la protección especial de la mujer, por un lado, y la protección de la familia como bien jurídico colectivo, por otro; distinción de la que se pueden advertir importantes consecuencias dogmáticas. Adicionalmente, las fases prelegislativa y legislativa de estas reformas evidencian un carácter populista y coyuntural que incide en la calidad técnica de los preceptos, mientras que la fase postlegislativa continúa sin activarse debido a que se presupone la legitimidad de las iniciativas en esta materia, a pesar de que ninguna de ellas cumple con los parámetros de racionalidad legislativa que se les podría exigir