Colombia es considerada una de las naciones más violentas del mundo; su población convive con todo tipo de violencias que interactúan potenciándose mutuamente, haciendo de este fenómeno social un reto a enfrentar. La omS en 1996 declara la violencia como uno de los principales problemas de salud pública [1]. Se la considera como problema de salud pública porque: deteriora la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas; atenta contra la integridad física, emocional y sexual de las personas afectadas; produce altas tasas de morbilidad evitable; requiere de grandes recursos financieros para su atención; genera múltiples y complejas consecuencias inmediatas y mediatas en los planos económico, social, político, físico y psicológico; erosiona el capital y la cohesión social que vincula a las comunidades y produce la pérdida de muchos años de vida saludable [2].