Este trabajo propone criterios para abordar el debate sobre la suficiencia y la
distribución de recursos entre comunidades autónomas a partir de estimaciones de sus
necesidades relativas. El análisis se basa en una métrica explícita que aplica el principio
del anonimato al cálculo de las necesidades asociadas a los servicios de educación y
sanidad, las dos principales funciones de gasto de las CC.AA. y pilares del Estado de
Bienestar.
Las conclusiones del análisis confirman que la dispersión de recursos por habitante de
los modelos de financiación no se explica por las necesidades y representa un riesgo de
trato desigual a los usuarios de los servicios públicos en las distintas CC.AA.