En un mundo global, donde capital y tecnología circulan libremente, las instituciones socioeconómicas determinan la atractividad, ocupación y productividad de los países. De este modo, la competitividad de una economía depende de la calidad de la regulación y ésta de la vigencia del Estado de derecho. De ahí se deduce un programa de política económica: la calidad de la regulación debe anclar su agenda, sus principales objetivos e instrumentos, limitando el exceso de reglamentación. En esta investigación se aplican estos conceptos al análisis de los países del sur del Mediterráneo: el desarrollo y bienestar de su población dependen de la calidad de su regulación.