A pocos años de iniciado el siglo XXI, Honduras se debate ante graves problemas sociales. La pobreza y la violencia dibujan el perfil de país en el escenario mundial con una marcada fragmentación social, cruzada por profundas desigualdades que alejan la posibilidad de alcanzar metas de justicia, democracia, y calidad de vida, con derechos humanos para todas y todos. Los desequilibrios y persistente brecha en el desarrollo humano de las mujeres respecto a los hombres, por la sola condición de género, levanta probablemente la más grande y extendida barrera para la superación de la pobreza y la violencia. Las mujeres constituyen el 51.4% de la población total, el
52.1% de las personas en edad de trabajar, realizan el 94% del trabajo doméstico reproductivo que sostiene las unidades familiares en todo el país, representan el 33.7% de la población económicamente activa, aportan el 51.2% del trabajo mercantil y no mercantil, y están a cargo de la jefatura de uno de cada cuatro hogares a nivel nacional. En cambio, ocupan menos del 10% de las diputaciones en el Congreso Nacional, reciben en promedio un ingreso equivalente al 42% del que obtienen los hombres, y tienen limitado acceso a la propiedad y control de los recursos económicos y productivos.
Los avances logrados en materia de equidad de género no son suficientes para reducir el rezago histórico frente a los nuevos retos que plantea la inserción de Honduras en el mercado global y los procesos de transnacionalización económica. Las nuevas industrias exportadoras surgidas de la inversión extranjera prosperan con el trabajo de una clase obrera mayoritariamente femenina, joven, que produce una riqueza que no le es retribuida en mejor calidad de vida ni reconocimiento de derechos. En los demás grupos de edades, la PEA femenina se concentra en las actividades informales de baja calificación e ingresos, con salarios que representan una fracción del que reciben los hombres por igual trabajo, aún para los estratos con educación superior.
La violencia de género es un flagelo que adquiere dimensiones generalizadas en el país, al igual que en la región mesoamericana. El aumento de los femicidios contrasta con la impunidad prevaleciente y la inseguridad ciudadana. Esto trae graves consecuencias para la vida y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres en el ámbito doméstico y público.
Las mujeres, al igual que los hombres, mantienen similares promedios de educación que hace dos décadas atrás, y se siguen muriendo por causas prevenibles relacionadas a la reproducción y sexualidad: partos, abortos, cáncer cérvico uterino, y el VIH SIDA, que crece entre la población femenina el doble de rápido que entre la masculina. Entre tanto, crece la oposición ultra conservadora al avance de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Las políticas públicas enfatizan excesivamente el papel instrumental de las mujeres como madres y trabajadoras voluntarias de las comunidades en los programas sociales, recargando en ellas el costo del ajuste económico y el recorte del gasto público. Pero ese papel no es valorado y, ante la feminización de la pobreza, se resalta la mayor vulnerabilidad de las mujeres, invisibilizando sus capacidades como protagonistas y creadoras de alternativas.
Frente a este panorama desalentador, el qué hacer pasa por el fortalecimiento de las instancias legales, estructuras institucionales y políticas públicas creadas en el país para avanzar en la eliminación de todas las formas de discriminación y violencia hacia las mujeres, combatir la pobreza, ampliar la participación política ciudadana de las mujeres en equidad, y propender a relaciones internacionales más justas.