Hasta hace muy poco tiempo, las necesidades de las personas con discapacidad habían
permanecido ausentes del debate público, principalmente debido a los discursos
discriminatorios que las consideraban inútiles y con pocas posibilidades de realización
personal, situación manifiesta en las múltiples dificultades que siguen enfrentando en
todas las esferas sociales para lograr su inclusión, su participación plena y el ejercicio de
sus derechos en todas sus dimensiones.1
Aun cuando son innegables los avances para el reconocimiento de los derechos de este
sector en la legislación internacional con la aprobación de la Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad (CIDPD), no hay estrategias concretas que
favorezcan su integración social y las pocas acciones son insuficientes, poco claras y se
centran en aspectos médicos o dejan de lado algunos temas y grupos que siguen siendo
invisibles y/o poco atendidos.
Tal es el caso de las mujeres, quienes pese a ser identificadas como sector prioritario de
atención, tanto en los tratados internacionales a favor de los derechos de las mujeres
como de las personas con discapacidad, continúan enfrentando problemas derivados de las
atribuciones sociales por su sexo y su condición física, mental y/o funcional; es decir, ser
mujer y tener discapacidad implica una situación particular de desigualdad. Así, actividades
consideradas “normales” e incluso esperadas en “toda mujer”, como la reproducción y el
ejercicio de la sexualidad, se omiten, sancionan o pasan inadvertidas para este sector;
además, aunque éstas han sido abordadas por las feministas y parecen ser derechos
ganados para las mujeres en general, se estiman poco relevantes para quienes tienen
alguna discapacidad y es debido a prejuicios que las señalan como asexuadas, con pocas o
nulas posibilidades de tener relaciones erótico-afectivas, embarazarse y tener hijos.