El agresivo proceso de urbanización y modernización del sureste mexicano está
llegando a un punto de crisis por la agudización de los problemas sociales, económicos
y ambientales en la región. El importante crecimiento económico de los últimos años en
estas ciudades llamadas “petroleras”, o “turísticas” ha mostrado nuevas formas de
pobreza y precariedad que se extienden como parte sustancial de un proceso de
modernización violenta. Esas altas tasas de crecimiento, producto de la industria
petrolera y el turismo, se han obtenido a cambio de un alto costo social.
Este auge desarrollista ha generado una desequilibrada demanda de servicios
básicos y públicos (vivienda, agua potable, educación, transporte, salud, entre otros)
que con creces rebasó la capacidad de la infraestructura instalada en la zona.
Demanda que si la observamos en un contexto más amplio dentro del territorio
mexicano, no es exclusiva de esta región, sino que sigue una lógica que también se ha
presentado en el pasado reciente en otras ciudades del centro y del norte del país,
donde sus habitantes han enfrentado problemas serios en lo social, lo económico y en
materia ambiental.