E l presente capítulo desarrolla una propuesta
con dos propósitos. En primer
lugar, establecer en la legislación mexicana las
bases institucionales de una política de financiamiento
con visión de Estado, que haga efectivo
el derecho a la educación y al conocimiento,
garantizando el acceso equitativo de los todos
los mexicanos a una oferta educativa y cultural
de calidad; y en segundo lugar, perfila un modelo
de programación presupuestaria cuya aplicación
permitiría al Estado mexicano cumplir
con el mandato del artículo 25 de la Ley General
de Educación en un horizonte máximo
de 10 años.
La propuesta plantea las bases de una política
de financiamiento de la educación, ciencia,
tecnología, innovación y cultura, asentada
en cinco atributos fundamentales: a) fortalece
el federalismo en el ámbito de la educación, el
conocimiento y la cultura; b) genera certidumbre
jurídica y financiera; c) aporta una estrategia
integral; d) impulsa la planeación de largo
plazo, y e) crea condiciones para el ejercicio de
la corresponsabilidad plena de los tres órdenes
de gobierno y los actores del proceso educativo,
expresada en la aportación definida y creciente
de recursos, con plena transparencia en
su manejo y efectiva rendición de cuentas respecto
a los resultados de su aplicación.