Este artículo toma como referencia la aprobación del Impuesto a los Depósitos en Efectivo como
un elemento que nos enfrenta al problema que representa la existencia, en términos de las finanzas
públicas, de un amplio abanico de actividades económicas no reguladas sobre las cuales se aplica
este impuesto. Tal situación nos obliga a preguntar: ¿qué significa y por qué se decide hacer uso
de un mecanismo indirecto de tributación sobre los depósitos en efectivo para obtener recursos
fiscales en una coyuntura como la de 2007?