En América Latina y el Caribe hay más de 60 millones de personas condiscapacidad.
A pesar de los esfuerzos mundiales en materia de inclusión social y lo que ella
representa se estima que más del 90% de los niños y niñas con discapacidad no
asisten a la escuela, disminuyendo así sus posibilidades de ser en un futuro
individuos activos y productivos para la sociedad.

Si bien es cierto, que existen normas jurídicas que promueven la inclusión social
de esta población, a la postre no dejan de ser más que paliativos para cumplir
acuerdos con la comunidad internacional. Se hace evidente este hecho cuando el
Estado Colombiano considera de obligatoriedad la inclusión de los menores con
discapacidad en los Hogares Infantiles del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, pero no reglamenta de manera específica cómo se realizará y cuáles son
también específicamente las herramientas pedagógicas para procurar una
inclusión exitosa.