Hoy, más de una década después de comenzar a ser promovidos los Derechos Sexuales y
Reproductivos (DSR) en Bogotá, como una forma de prevención frente a ciertos fenómenos
en torno a la sexualidad, los embarazos precoces, las infecciones de transmisión sexual, el
rechazo al uso de métodos contraceptivos, entre otros, siguen siendo un problema de salud
pública entre la población joven y adolescente. Las consecuencias de estos fenómenos son
múltiples (Morales 2011), además de poner en riesgo la salud de los jóvenes y adolescentes,
implican un obstáculo en las posibilidades de que puedan construir un proyecto de vida, al
restringirse sus opciones educativas y laborales, y con ello sus perspectivas de movilidad
social, lo que significa en algunos casos continuar o caer en la pobreza.
Así por ejemplo, en cuanto a los riesgos de salud que derivan del embarazo precoz,
el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) señala
que “las probabilidades de que las muchachas de 15 a 19 años de edad mueran debido al
embarazo o el parto son dos veces superiores a las de una mujer de 20 a 30 años. Para las
menores de 15 años los riesgos son cinco veces mayores” (citado por Lora, et al. 2009, pág.
122). A ello debe sumársele que la hipertensión inducida por el embarazo es cinco veces
más frecuente en menores de 16 años que en las de mayor edad y el aborto sigue siendo una
práctica recurrente (citado por Lora, et al. 2009), pues una fracción considerable de la
fecundidad registrada entre jóvenes y adolescentes es no deseada.